Испанских судей лишат статуса "всемирных" блюстителей прав человека

   Испанские законодатели призывают правительство страны ограничить право местных судов возбуждать уголовные дела в отношении преступлений против человечности, совершенных в других странах. Парламентарии от оппозиционной Народной партии подали законопроект реформы испанской правоохранительной системы. Сейчас в ее рамках судьи имеют право преследовать в уголовном порядке военных преступников, где бы ни проживали они или их жертвы. 
   За предложение оппозиции проголосовало подавляющее большинство депутатов испанского парламента – 339 из 350. Согласно поданному законопроекту, отныне испанские судьи будут иметь право расследовать лишь те преступления, жертвами которых являются испанцы, а также те случаи, когда виновники проживают на территории страны. 
   Напомним, что испанское правосудие в последние годы возбудило несколько уголовных дел против нарушителей прав человека в разных странах – в том числе в Руанде, Израиле, США и на Тибете. 
   Напомним, в марте этого года испанский суд начал уголовное расследование в отношении шести высокопоставленных чиновников из администрации экс-президента Буша, обвиняемых в нарушении международных законов и легализации пыток в отношении заключенных тюрьмы Гуантанамо (Куба). 
   Рассмотрение этого дела, на открытии которого настаивали правозащитники, поручено легендарному испанскому судье Бальтазару Гарсону, который в свое время издал ордер на арест чилийского диктатора Аугусто Пиночета.*** 
   СМИ Испании: El Congreso limita de tapadillo la justicia universal. Los jueces sólo podrán abrir causas internacionales si afectan a españoles. La jurisdicción universal en España tiene los días contados. PSOE y PP han aprovechado un proyecto de ley en trámite en el Congreso para poner coto inmediato y por la puerta de atrás a la actuación de los jueces de la Audiencia Nacional fuera de territorio español. La reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial se ha colado por sorpresa en las enmiendas al Proyecto de Ley de Reforma de la Legislación procesal para la implantación de la Oficina Judicial.
    Esta norma se refiere al funcionamiento de los juzgados y estaba atascada en la Comisión de Justicia desde finales del año pasado. Las enmiendas conjuntas servirán también para incluir las principales reivindicaciones de los jueces para evitar la huelga del 25 de junio. Por ejemplo, para que los secretarios judiciales no adquieran la capacidad de señalar las vistas y los jueces mantengan esta competencia, tal y como exigían las asociaciones.
    Una de las enmiendas modifica el artículo 23 de la Ley Orgánica del Poder Judicial para que los jueces no actúen en procedimientos sin conexión con España, es decir, aquellos en los que no haya españoles afectados como víctimas o como presuntos autores. "Sin perjuicio de lo que pudieran disponer los tratados y convenios internacionales suscritos por España para que puedan conocer los tribunales españoles deberá quedar acreditado que sus presuntos responsables se encuentran en España o que existen víctimas de nacionalidad española o constatarse algún vínculo de conexión relevante con España", asegura el texto pactado.
    Esa enmienda es idéntica al texto de la resolución presentada por el PP y aceptada por el PSOE tras el debate sobre el estado de la nación que exigía al Gobierno esta reforma. Si se hubiera optado por un proyecto de ley habría sido preciso que lo estudiara dos veces el Consejo de Ministros y que se sometiera a informes del Poder Judicial y el Consejo de Estado antes de llegar al Parlamento. Con la fórmula utilizada se evita ese trámite y puede estar en vigor antes de final de año.
    Todos los grupos, salvo el de ERC, IU e ICV, han firmado esta enmienda. Los partidos catalanes rechazan otra que, según aseguran, resta competencias a las autonomías sobre los depósitos judiciales. La ley en la que se incluirá esta limitación de las competencias de la Audiencia regula, por ejemplo, el sistema de ascensos y las vacaciones de los jueces.
   El acuerdo fue cerrado el miércoles entre el ministro de Justicia, Francisco Caamaño, y el portavoz socialista, Julio Villarrubia, con el del PP, Federico Trillo. Este último volvió a manifestarse ayer a través de un comunicado para anunciar que el acuerdo se culminará la próxima semana. Según el PSOE, el pacto recoge las reivindicaciones de los jueces y, por tanto, aleja definitivamente la posibilidad de una huelga.
По материалам: Europa Press, Reuters, Euronews, AFP, EFE, AP, rian.ru***
Николай Кузнецов, Русская Испания